Columba Arias Solís
Ante el elevado número de asesinatos de mujeres en el estado de México, la semana pasada el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) integrado por cerca de 50 organizaciones de la sociedad civil en diversos estados de la República, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres, solicitaron al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, la emisión de una alerta de género en esa entidad, sin embargo tal petición fue rechazada por el Sistema y protestada por quienes tendrían que ser los más interesados en que se pusieran en acción los mecanismos de defensa hacia las mujeres, es decir las autoridades encabezadas por el gobernante del estado de México y los integrantes del Sistema, argumentando para el rechazo razones de política electoral.
La respuesta del titular del ejecutivo mexiquense no pudo ser más desafortunada, inapropiada, insensible y absurda al afirmar “que despierta cierta sospecha que se pretenda emitir una alerta por los feminicidios ocurridos en el estado de México justamente en su año electoral, como si las infortunadas mujeres muertas en aquella entidad hubieran decidido ser sacrificadas en tiempos electorales.
El gobernador de aquella entidad, quien al parecer todos sus pensamientos y acciones giran en torno a las ganancias electorales, pierde de vista los alarmantes niveles de violencia contra las mujeres y el patrón sistémico de violencia feminicida que se ha venido suscitando en su estado, no solamente en los últimos tiempos, sino desde hace varios años. Las cifras de la propia Procuraduría de Justicia del Estado de México informan que del año 2000 al 2008 641 mujeres habían sido asesinadas y entre 2006 y 2008 se registraron 362 feminicidios. El 25 de noviembre de 2009 precisamente en el Día Internacional Contra la Violencia, la dependencia informaba que en ese año se habían registrado 143 mujeres asesinadas.
El 29 de mayo de 2006 la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los Feminicidios en la República mexicana de la Cámara de Diputados, señalaba que uno de cada 4 homicidios del total ocurridos en el país, se registraron en el Estado de México. El informe de la Comisión recomendaba crear una Fiscalía Especializada de Atención de Delitos violentos contra las Mujeres, que actuara con plena autonomía técnica, con labores de investigación y consignación, que participara como una instancia en la prevención y atención de todas las formas de violencia en contra de las mujeres. La institución sugerida habría de conjugar esfuerzos ministeriales, periciales, policiales y de política criminal.
El 19 de abril de 2010, el ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza al referirse a los feminicidios en el Estado de México, consideraba que éstos “revelan que hay una estructura de justicia que no responde y la violencia es un tema de alarma ante el elevado número de casos”.
Los datos recabados por el Observatorio Ciudadano de Feminicidios contabilizan entre 2007 y 2009, la ejecución de 556 homicidios en el Estado de México en agravio de mujeres de todas las edades; el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la inseguridad, en esos mismos días informaba de las ciudades donde se cometían mayores homicidios de mujeres, destacando en el primer sitio Toluca la capital mexiquense, con 12.2 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y promoción de los Derechos humanos de las Mujeres también sustentó la solicitud de alerta en las propias cifras de la Procuraduría del Estado de México que reportó 4 mil 773 denuncias por violación en solamente año y medio.
La alerta de género de acuerdo a la Ley de Acceso tiene como objeto garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra, es decir el fin de la alerta es buscar el acceso a la justicia pronta y efectiva, mediante el conjunto de acciones de emergencia que el gobierno debe implementar para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.
De haberse aprobado la alerta solicitada, el gobierno del Estado de México tendría la obligación de implementar las acciones preventivas de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida, elaborar reportes especiales sobre la zona de la declaratoria y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres, así como asignar los recursos presupuestales necesarios para enfrentar la contingencia de alerta.
Como puede apreciarse, todas estas medidas nada tienen que ver con cuestiones electorales, sino con la grave preocupación por el incremento de los feminicidios que han llevado al Estado de México a ocupar el primer lugar en tan terribles hechos.
